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Informe presentado a la OEA advierte por reclutamiento de menores venezolanos en Colombia

Por Mariana Moreno
ELN

Caracas, 19 de junio de 2020. Un informe presentado al Consejo Permanente de la OEA sobre el proceso de paz en Colombia en el segundo semestre de 2019 expone la situación de menores venezolanos.

El informe, reseñado por el diario El Tiempo de Colombia, señala que en las zonas en las que hace presencia el ELN, “se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte de su organización”.

Como es obvio, esto afecta a la población más vulnerable. La situación se ha observado en departamentos como Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo.

Ese actor armado no es el único que está reclutando de manera forzada y también hay reportes de menores llevados por disidencias de las Farc en Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca, y en la Costa Pacífica nariñense.

El reclutamiento de menores, dice el informe, además se ha traducido en el desplazamiento forzado de comunidades que abandonan sus viviendas para evitar que se lleven a los más jóvenes.

Los hombres son vinculados a actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar, “mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual”.

Y los menores de las comunidades étnicas “son reclutados para aprovechar su conocimiento del territorio y en algunos casos son empleados como anillos de seguridad y escoltas de comandantes, dejándolos en un especial escenario de riesgo y vulnerabilidad ante posibles operativos de la Fuerza Pública”.

En el informe se advierte sobre el reclutamiento de menores venezolanos y ecuatorianos. Los primeros “son percibidos por los grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana”.

Además, la informalidad de su residencia en Colombia dificulta la vinculación a investigaciones judiciales, así como la instauración de denuncias por parte de sus familiares.

Con información de El Tiempo

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1 comentario

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