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Lara | Continúan los desalojos arbitrarios en locales del Mercado Mayorista de Barquisimeto

Por David Vargas
Mercado Mayorista de Barquisimeto
Barquisimeto, 23 de junio de 2020.

Durante la cuarentena por el Covid-19, la directiva del Mercado Mayorista de Barquisimeto ha realizado procedimientos ilegales, incluyendo la clausura de tres galpones, acción amparada por cuerpos de seguridad y colectivos.

El pasado viernes 19 de junio, luego de las 10 de la noche, fueron violentados dos establecimientos con el mismo modus operandi como han venido haciendo en estos tiempos de pandemia, violando el Decreto con carácter de Ley de Arrendamiento para Inmuebles Comerciales. 

Estos dos nuevos locales son «Comercial Rodper C.A.» y «Comercial Ladino C.A.», firmas comerciales que se encuentran amparadas bajo la decisión de los Tribunales que tienen en su haber las demandas Judiciales que cursan desde hace dos años.

La comunicadora social Yelitza Figueroa contó al equipo de Prensa de Punto de Corte Corresponsalía en el estado Lara que testigos y afectados coinciden que esta «acción vandálica» tipo comando, está siendo ejecutada por un sujeto de apellido Lobo con apoyo del gerente de operaciones de Mercabar, en representación de Juan Carlos Sierra, Presidente del principal centro de distribución de alimentos del occidente del país, ubicado en Lara.

Afirman los afectados que la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Iribarren (PMI) rompieron los candados y santamarías de los galpones para practicar un desalojo sin orden judicial. 

Los propietarios de los comercios afectados forman parte del grupo de 200 arrendatarios que interpusieron una demanda contra la directiva de Mercabar a comienzos de 2018 por diferentes irregularidades y evidente abuso de poder como la arbitraria suspensión de contratos vigentes, con la excusa de que los mismos habían sido firmados por la autoridad anterior y que debían suscribir un nuevo contrato, con incrementos de alquiler exorbitantes (entre 500 y 1000%), y con la subsiguiente amenaza de _”que si no les gustaba, que entregaran o se fueran a los Tribunales, pero que perderían”_.

Figueroa expresó que para esa fecha y luego de infructuosos esfuerzos de los inquilinos, cuya mayoría tienen más de 15 años en esa condición, algunos accedieron a firmar un nuevo contrato y otros sabiendo que los ampara la Ley, optaron por consignar el dinero de los alquileres en los Tribunales y esperar que su vigente y lícito contrato llegue a término.
“Cabe destacar que para quienes optaron por firmar un nuevo contrato, se tomó como base una fórmula existente en último Decreto Presidencial de Arrendamiento para Inmuebles Comerciales, y en el mismo se fija un cánon, tomando como base un supuesto avalúo que establece el precio del inmueble y el porcentaje que ese Decreto permite como renta anual y mensual para dar con el cánon de arrendamiento” detalló Figueroa.

Ese Decreto en su mismo texto establece que una vez hecho ese avalúo y determinado el valor, el monto fijado como cánon, debe ser fijo durante un período mínimo de un año.
Explican las víctimas que Mercabar incluyó una cláusula que viola esa condición, cuando añade que si por circunstancias de la situación del país o por aumento del valor del inmueble, se podrá aumentar el cánon.

De acuerdo a especialistas en Derecho, estas dos condiciones aún cuando son violatorias del Decreto, si se aceptara su aplicación por las partes deben ser probadas y eso solo se hace con indicadores económicos oficiales y con un nuevo avalúo elaborado con peritos certificados.

Sin embargo, la máxima autoridad de Mercabar  llamó a los inquilinos nuevamente y manifestó que había un incremento en los alquileres, violando las condiciones generales del Decreto Ley, sin mostrar índices oficiales de inflación, ni presentar un avalúo que muestre la revalorización del inmuebles, aplicando al nuevo canón un incremento hasta del doce mil por ciento, con la reiterada presión para que firmen, y no perder el local o la libertad si no aceptan; que tomen nuevamente la vía jurisdiccional.

Ante esta situación, los adjudicatarios se preguntan cuándo Mercabar dejó de ser un espacio para garantizar la comercialización y pasó a ser una empresa de lucro, que no le importa el impacto de los aumentos en los productos que se venden, en su mayoría de primera necesidad.

Además, señalan los adjudicatarios que que adicional al excesivo cánon impuesto, los inquilinos cancelan gastos comunes por lo que la mayoría de los costos de mantenimiento, productos de limpieza, recurso humano, consumibles; se cubren con ese cuota, minimizando los costos para el arrendador.

Es así como, quienes decidieron recurrir a Tribunales para solventar la situación por la vía legal, son blanco de persecuciones, sanciones, robos, amenazas, operaciones arbitrarias y violentas.

En abril, la junta directiva de Mercabar pegó una notificación de desalojo en algunos galpones, siendo desde entonces, cinco locales violentados, en procedimientos ilegales porque los tribunales están cerrados y el juicio sigue en curso. 

El 1° de junio fueron detenidas por más de 24 horas las comerciantes Estela Guédez y Yanin Guédez en un comando militar para obligarlas a firmar el documento de entrega del local.
Yelitza Figueroa finalizó diciendo que la constante ha sido la arremetida de funcionarios de la Guardia Nacional, quienes agreden a los arrendatarios que se apersonan a sus locales y los mantienen retenidos, temiendo por su integridad, al retomar las vigilias por temor a que les quiten la mercancía. 

“Sin embargo, esta acción  no ha sido garantía para salvaguardar la misma, ya que les han quitado y vendido la  mercancía, según por daños y perjuicios por no haber pagado alquiler”.

Equipo de prensa Punto de Corte / corresponsalía estado Lara

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