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[Trabajo Especial PDC] ¿Cómo se organiza la violencia en Venezuela? Por Keymer Ávila

Por Punto de Corte
Cómo se organiza la violencia

Trabajo especial para PuntodeCorte.com

Por: Keymer Ávila*

@Keymer_Avila

A mediados de febrero conversamos con Ayelén Oliva para el podcast de Nueva Sociedad “¿Qué pasa?” sobre cómo se organiza la violencia desde el Estado. La transcripción completa del programa está disponible en francés en la páginaContretemps, pero no lo estaba en español. Las preguntas de Ayelén son recurrentes en distintos actores y espacios, por esta razón hemos decidido presentar las respuestas a estas interrogantes, ampliando algunas de ellas y actualizando sus contenidos dados los últimos acontecimientos.

¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela?

Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, desde el punto de vista formal, estarían configurados de la siguiente manera:

  1. Tenemos las policías preventivas o uniformadas de carácter civil, en sus tres niveles político territoriales (municipios, estados, territorio nacional):

a) Más de 123 policías municipales, Venezuela tiene 335 municipios no todos cuentan con policías, en estos casos sus labores son ejercidas por cuerpos regionales o nacionales. El gobierno en unas cuestionadas elecciones del año 2017 tomó el dominio de 305 alcaldías, en consecuencia, domina casi la totalidad, por no decir todas las policías municipales.

b) 23 policías estadales, que el gobierno también tiene bajo su dominio, a partir de esas mismas elecciones. Tiene 20 gobernaciones adeptas, las tres gobernaciones opositoras tienen a sus policías intervenidas por el gobierno nacional.

3) Y finalmente, está la Policía Nacional Bolivariana, creada en el año 2009, cuerpo al que está adscrita la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).

Estos cuerpos para el año 2017 sumaban más de 175 mil funcionarios, esto nos da una tasa de encuadramiento policial muy por encima de los estándares internacionales, el promedio es de unos 350 policías por cada 100 mil habitantes, en Venezuela estamos 207 puntos por encima de ese estándar. En un lapso de 11 años el pie de fuerza policial ha crecido un 53%, estos son claros indicadores del avance del Estado de Policía en Venezuela.

2) Luego tenemos otros cuerpos nacionales especializados:

a) Policía de investigación: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)

b) Policía política: El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

3) Por último, tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformada tradicional y constitucionalmente por cuatro componentes:

a) El Ejército

b) La Armada

c) La Aviación

d) La Guardia Nacional. Este último componente militar es el que desde 1937 ejerce de facto labores de policía nacional en el país.

e) Están las Milicias sobre las que hay todo un debate a partir de la promulgación de la nueva ley de la Fuerza Armada Bolivariana de enero de 2020, que las concibe como un componente “especial”. Se trata de una reforma de la ley realizada por la ANC impuesta desde 2017, que ha sido cuestionada por diversos sectores.

Dentro de la FANB se encuentra también la Dirección General de Contrainteligencia Militar  (DGCIM), que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos de sus detenidos.

¿Qué son las FAES? ¿Con qué objetivo fueron creadas las fuerzas especiales? ¿Cómo operan en los barrios más pobres?

Las Fuerzas de Acciones Especiales es el grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué es un grupo táctico?

Los “grupos tácticos” o de “acciones especiales” están conformados por efectivos –en principio- previamente seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y equipos especiales de índole militar, que deben intervenir solo en situaciones extremas y de alto riesgo, tales como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos armados, arrestos peligrosos, etc. Una característica común de este tipo de situaciones es que en estos casos las policías preventivas y de investigación son rebasadas en armas, tanto en calidad como en cantidad, u ocurren en lugares de difícil acceso para ellas.

Estos grupos representan la máxima expresión de los criterios de intensidad en términos de uso de la fuerza letal, manejo de armas de guerra, así como del entrenamiento correspondiente, que se requiere en situaciones de máxima complejidad, consideradas extremas y muy excepcionales. El problema radica en el traslado de estas situaciones de excepción a la práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad en general, sin una rendición de cuentas posterior, ni justificación de este tipo de intervenciones.

La FAES fue activada el 14 de julio de 2017 por el propio Presidente de la República, con un discurso y una intencionalidad política claramente bélica. No hay que perder de vista que 2017 fue el año de las protestas masivas en Venezuela este es el contexto que sirve de fondo para la creación de este grupo táctico.

Estos cuerpos usualmente operan durante la noche o primeras horas de la madrugada, la lógica es la toma militar de los barrios como si se tratase de un territorio enemigo donde la FAES actúa como un ejército de ocupación y generalmente “cazan” a sus objetivos. Sus formas de proceder son esencialmente militares, no es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a “dar de baja” a “elementos” que no son personas sino enemigos.

En una investigación que estamos llevando en estos momentos, en la que estamos actualizando algunos datos podemos observar que, a pesar de su breve historia la PNB, durante 2016 y 2018 fue la segunda institución más letal del país. Sin embargo, entre un año y otro observamos un incremento de las muertes producto de su intervención.

¿Cómo explicar este aumento? Por la creación de su división FAES a mediados de ese año. No se puede perder nunca de vista que cuando se habla de las FAES se habla también de la PNB.

Y ya en 2019 la PNB alcanzó el primer lugar como el organismo policial más letal, lugar que históricamente, por décadas, ha ocupado el CICPC. Se puede ver un incremento significativo de los casos de muertes institucionales de la PNB entre 2016 y 2018, pasando de un 19% del total de casos a un 45%, esto se vincula con el protagonismo que viene tomando la FAES. El 83% de las muertes por intervención de la PNB es responsabilidad de esta división. Estamos hablando de al menos unas 1.300 muertes durante los últimos tres años. Sin embargo, estos son los casos registrados por los medios de comunicación, que representan apenas un 25% de los casos reconocidos oficialmente. Esto significa que si tomamos el dato oficial este número puede ser –al menos- cuatro veces mayor.

En Venezuela el 33% de los homicidios ocurridos en el país son consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Diariamente mueren 14 jóvenes pobres a manos de las policías.

¿Qué son las milicias? ¿Qué rango tienen? ¿Existen puntos de contacto con las UBCH?

Para antes del año 2008 las llamadas Milicias no eran más que los reservistas voluntarios que podían complementar o apoyar a las FAN en casos extremos o de emergencia. Luego de esa fecha se les da mayor espacio institucional. Se le asignan labores de Defensa Integral de la Nación, que pueden ser cualquier cosa, ya que es un concepto “cajón de sastre”, bastante amplio y flexible.

Por lo que se puede ver en la vida cotidiana, los criterios de reclutamiento y selección son muy bajos, cualquiera puede apuntarse, es común ver a personas de la tercera edad con estos uniformes por la calle o haciendo labores menores en instalaciones públicas. No se sabe hasta qué punto pueda ser un recurso propagandístico para abultar la cifra del pie de fuerza militar. En noviembre del año pasado dijeron que la cifra de milicianos ascendía a 3 millones 300 mil, pero de allí a que eso se traduzca a que exista un ejército profesional capacitado para hacer frente a situaciones que ameriten la defensa militar del territorio hay un gran trecho.

Como ya se señaló, a finales de enero se anunció que -a través de la reforma normativa elaborada por la cuestionada ANC- se les considera como el quinto componente de las FANB, hasta ahora poco se conocen las capacidades institucionales reales que tiene esta institución cómo para asumir los costos que esto realmente podría traer consigo. A estas alturas ya el texto de la Ley de la Fuerza Armada Nacional ha sufrido seis reformas en los últimos 15 años.

Una de las dimensiones más preocupantes, a parte de la desprofesionalización de las FAN, es esta idea de la unión cívico militar, que termina siendo más militar que cívica y las labores de inteligencia que le dan a la milicias en distintos espacios partidistas de carácter comunitario como Consejos Comunales, Comités Locales de Abastecimiento y Alimentación (CLAP) (–cajas con carbohidratos y aceite vegetal- de los que depende mucha gente), las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), que se establecen como distintos dispositivos de control y disciplinamiento social, espacios de vigilantismo y delación vecinal, funcionales para policializar y militarizar a la sociedad desde los espacios más pequeños y básicos de la comunidad.

Estos dispositivos se activaron de una manera muy eficaz en enero del año pasado contra los manifestantes de los barrios pobres. En menos de una semana murieron unas 45 personas, se denuncia que al menos ocho fueron ejecutadas después de haber participado en las protestas. Más de 800 detenidos, en esos días, muchas víctimas señalan que las RAAS y las CLAP facilitaron la información para que los cuerpos de seguridad fueran directamente a las casas de los manifestantes.

¿Qué son los colectivos?

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla sobre los colectivos es que se trata de otro término “cajón de sastre”, colectivo puede ser cualquier cosa que se le ocurra al opinólogo o al periodista de turno. En una acepción “colectivo” puede ser entendido como espacios de organizaciones sociales con actividades y objetivos muy diversos, pueden ser culturales, artísticos o políticos. En otro sentido, desde la retórica político-mediática del país se utiliza este término para cualquier civil armado que aparezca por allí.

Entonces, vamos por partes, hay organizaciones que tienen trabajos políticos y culturales de base con trabajos encomiables, éstas no deben confundirse con organizaciones político militares.

Hay por otro lado, grupos minoritarios, cada vez más reducidos, muy heterogéneos, que se originaron en algunos barrios caraqueños a finales de los ochenta que le hacían frente a grupos delictivos, algunos de ellos se politizaron, se juntaron con viejos que venían de la lucha armada, y terminaron siendo simpatizantes del gobierno. Estos grupos desde el punto de vista simbólico tuvieron mucha visibilidad, especialmente en la coyuntura del golpe de estado contra el Presidente Chávez. Pero luego han tenido batallas y conflictos ente ellos, por diversas razones, y se han ido mermando.

Finalmente, está el grueso, que sí son el poder real, que son funcionarios policiales y militares que actúan de civil y hacen el trabajo sucio, éstos son los más, los que suelen salir en videos de represión contra manifestantes. Por otra parte, también hay funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que nadie sabe cómo están regulados. 

La situación que se genera con estos funcionarios de civil es la que el gobierno instrumentaliza, cabalgando sobre los prejuicios de clase, de raza, y también los ideológicos para sobredimensionar estos actos ilegales de funcionarios de civil y presentarlos como “colectivos” populares leales a la revolución. A esto responde el amarillismo periodístico y de sectores opositores de manera sumamente funcional al gobierno, ya que inmoviliza y llena de pánico a la oposición en general con estos relatos.

Entonces, cuando se habla de colectivos se hace referencia a una mezcla donde hay mucha  propaganda partidista y amarillismo periodístico, que tiene una base real de funcionarios policiales y militares que actúan de civil, que hacen el trabajo sucio para el gobierno, y unos escasos grupos de civiles armados en los que hay de todo un poco, algunos politizados, otros no tanto, que pueden servir a cualquier señor, incluyendo algunos sectores que son hampa común.

En síntesis, “colectivo”, en el contexto actual, en el que se le quiere dar el significado de “civiles armados” puede ser cualquier cosa: funcionarios de civil, hampa común, grupos parapoliciales o paramilitares, o una mezcla de todo lo anterior, que pueden hacer mucho daño para luego achacárselo al adversario político, una especie de mercenarios que trabajan para el mejor postor. Pero estos grupos pueden tener también agenda propia. Todo esto en el fondo sin evidencias, ni trabajos serios de investigación, solo quedan en hipótesis y especulaciones, difíciles de generalizar habría que estudiar casos concretos que obedecerían a circunstancias locales muy específicas.

¿Cuál es la forma de organización civil armada de los grupos  opositores al gobierno?

Actualmente no se conocen grupos armados opositores al gobierno dentro del país, más allá de la chapuza o parodia que llamó la atención en el debate público sobre Venezuela durante el mes de mayo que escogió como escenario las playas de Macuto, que tuvo un componente esencialmente foráneo y crematístico. Incluso, más allá del tema armado, es difícil afirmar que exista una oposición orgánica y unificada dentro del país.

Podemos intentar hacer un ejercicio hacia atrás para explorar la intencionalidad de esta pregunta, elaborada desde un espacio internacional, entendida como ¿Cuál es la resistencia armada contra el gobierno dentro del territorio nacional?

La respuesta sería, en la actualidad no hay ninguna conocida. A menos que se quiera explorar lo ocurrido en el marco de algunas manifestaciones muy minoritarias que fueron violentas, durante 2014 y 2017. Esto debe abordarse con cuidado para no meter en el mismo saco manifestaciones multitudinarias pacíficas y la de grupos foquistas que fueron claramente violentos, y dentro de estas últimas tampoco debemos generalizar. Entonces hay que tener cuidado con no criminalizar las protestas legítimas que se dieron en esos dos años.

Hecha esta advertencia, sí se podían identificar algunos grupos muy reducidos, sobre todo en 2014, de jóvenes con indumentaria que no es accesible a las clases populares en Venezuela, cascos, lentes, guantes, equipos protectores, así como entrenamientos básicos y capacidades de respuesta en desórdenes callejeros, en los que posiblemente militares,  policías retirados o viejos guerrilleros hayan dado algunas orientaciones. Esto podría darse también de manera espontánea, pero en algunos casos se podía observar apoyo logístico no improvisado. También en algunos casos usaron a chicos en condición de calle para enfrentar a la policía y participar en manifestaciones violentas. A este tipo de actores el discurso oficial los señalaba como agentes del imperialismo. La pregunta sería, a modo de provocación ¿Se podrá hacer el mismo señalamiento a las protestas de Chile o Colombia? En estos eventos siempre hay diversidad de actores en el juego, pero así como no se les debe adjudicar al gobierno de Maduro y a los cubanos la autoría de las protestas legítimas ocurridas el año pasado en Ecuador, Chile y Colombia, o las actuales que se llevan a cabo en los EEUU, tampoco se le puede adjudicar a los EEUU las protestas en Venezuela. Eso es un profundo irrespeto y desprecio hacia a los pueblos, esto no significa que estos países no colaboren ni promuevan algunas acciones, pero lo determinante en estas expresiones lo tienen los ciudadanos que ponen el pecho en estos eventos.

También se han observado casos aislados de personas que dispararon en contra de las fuerzas de seguridad, colocaron alcabalas o alambres que ocasionaron muertes y accidentes. Así, por ejemplo, en 2014 murieron 43 personas, en al menos cuatro casos la responsabilidad fue de las fuerzas de seguridad, en 25 se denuncia la participación de civiles armados que atacaron a los manifestantes, 10 de las víctimas eran funcionarios policiales.

Esto contrasta considerablemente con lo ocurrido en 2017, donde hubo 163 fallecidos –cuatro veces más que en 2014-. Dos de estas personas fueron linchadas por manifestantes identificados con un sector de la oposición, lo que fue utilizado por el gobierno hasta el día de hoy para criminalizar a toda la oposición e invisibilizar las muertes ocasionadas por la policía. Cuando analizamos la violencia letal ocurrida en estos hechos, contamos al menos una víctima por cada día de conflicto, el 37% de los fallecidos fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, otro 22% por civiles armados que atacaron a los manifestantes. En contraste, fallecieron siete funcionarios, lo que representa apenas el 4% de las víctimas totales.

Así llegamos a las protestas de enero de 2019, ocurridas entre los días 21 y 29 de enero, que de los tres eventos son en las que hubo una mayor participación de los sectores populares, el saldo fue de 45 personas fallecidas, es decir, unas seis personas diarias. No se conocen bajas por parte de las fuerzas de seguridad. Lo que podemos observar entonces es que en la medida que pasa el tiempo pareciera que la resistencia coyuntural, circunstancial, contingente, de los manifestantes es respondida de una manera cada vez más letal y sistemática por parte de las fuerzas de seguridad, que cuando no hay protestas, usan como globo de ensayo, como campo de entrenamiento, a los barrios populares.

Ya en otro nivel, la resistencia armada opositora emblemática fue la que llevó a cabo el funcionario policial, miembro de las fuerzas especiales del CICPC, Oscar Pérez, entre 2017 y 2018 con acciones foquistas, más de carácter propagandístico que bélico, no se conocen bajas en sus intervenciones. Se denuncia que su grupo, conformado por unas seis personas, luego de informar su rendición por RRSS, fue ejecutado en enero de 2018, hay evidencias forenses que fueron públicas que así lo sostienen. Todo apunta a que fue una simulación de enfrentamiento. Luego de la muerte de estas personas se desató una ola de detenciones que pasa la cifra de 30 privados de libertad, algunas de ellas sólo son familiares o conocidos de los fallecidos.

Por otra parte, hay cientos de militares detenidos acusados de conspiración, en condiciones de reclusión deplorables, sus abogados y varias ONG denuncian torturas y malos tratos en su contra. Entre los casos más emblemáticos está el del Capitán Caguaripano y el Capitán de Corbeta Acosta Arévalo, este último muerto bajo custodia de la inteligencia militar, que se convierte en el quinto caso de presos políticos que mueren en este tipo de circunstancias.

Finalmente, es importante destacar que uno de los primeros instrumentos normativos emanados de la ANC fue la Ley Contra el Odio, en la que se criminaliza la protesta, así como toda manifestación disidente en contra del gobierno o sus funcionarios. Es la ley que se le aplica, entre otras, a cualquiera que se atreva a hacerle un escrache a algún funcionario público o a sus allegados.

Ese es el panorama general sobre la resistencia opositora en términos de poder bélico ante el gobierno, no hay forma de hacer una equiparación entre las fuerzas de la oposición, casi inexistente desde el punto de vista orgánico y unitario dentro del país, respecto a la hegemonía bélica que tiene actualmente quienes controlan el aparato del Estado.

*Investigador del Instituto de Ciencias Penales, Profesor de Criminología en Pre y Postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

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2 comentarios

roger cedeño 20/06/2020 - 23:24

El actual regimen militarista y autoritario, ha desvirtuado a los tradicionales y populares colectivos de ascendencia social y constetatarias de nuestras barriadas e introducir alli, elementos con capuchas, armas y trafico….

roger cedeño 20/06/2020 - 23:27

Idems

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