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CEV: Ni el oficialismo ni la oposición presentan un proyecto de país que logre convencer la voluntad mayoritaria del pueblo

Por Barbara Cordova
CEV: Ni el oficialismo ni la oposición presentan un proyecto de país que logre convencer la voluntad mayoritaria del pueblo

Caracas, 15 de octubre de 2020. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado este jueves, donde aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro, ha demostrado su “incapacidad” para dar respuesta a los problemas que aquejan a la población y que no pueden realizar elecciones en las condiciones actuales en las que se encuentra el país.

Asimismo, criticó la postura de los cuerpos de seguridad del Estado ante las protestas ciudadanas, que son realizadas por las constantes fallas en los servicios públicos. “El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales”.

La CVE, además, rechazó las elecciones parlamentarias que están programadas a realizarse el próximo 6 de diciembre por parte de la administración de Nicolás Maduro. “Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”.

“Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes”, agregó.

A continuación el comunicado íntegro:

Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país

1 Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, con ocasión de la reunión de Comisiones
Episcopales, que estamos celebrando del 13 al 15 de octubre de 2020 a través de medios
electrónicos, movidos por la fuerza del Evangelio y por nuestra condición de pastores al
servicio del Pueblo de Dios y en comunión con todos aquellos que buscan la luz de la
verdad, queremos compartir con toda la comunidad nacional e internacional algunas
reflexiones sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive
nuestro país.

2 Son ya conocidas las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela, desde la
escasez y el desabastecimiento de alimentos, pasando por la deficiencia de los servicios
públicos, hasta el irrespeto de sus derechos más elementales. Esta problemática se ha visto
potenciada por el surgimiento de la pandemia del COVID-19, que va dejando su estela de
dolor y muerte en todos los rincones de nuestra geografía. Son muchos los que se sienten
angustiados e indefensos, sin posibilidades de enfrentar una crisis que los lleva a
situaciones límites de inseguridad y precariedad personal y familiar. La Iglesia católica, a
través de sus instituciones y parroquias, acompaña de cerca la vida de nuestro pueblo, e
intenta suplir sus necesidades prioritarias, desde sus limitadas posibilidades, competencias
y permisos que le otorgan. Pese a todo, reiteramos nuestro firme compromiso de seguir
descubriendo y sirviendo a Jesucristo en nuestros hermanos necesitados (cf. Mt 25,31-40).

3 El Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes
problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos. A todas luces, aparece que
su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuanto sufrimiento
traiga eso al pueblo venezolano. Por su parte, los sectores de oposición se muestran
divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio. Tanto el oficialismo como
la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad
mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama
a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política. Como bien lo ha señalado
recientemente el Papa Francisco, “hace falta la mejor política puesta al servicio del
verdadero bien común”. No se toma en cuenta la dignidad de las personas, sobre todo
de los más vulnerables: “El desprecio de los débiles puede esconderse en formas
populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al
servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la
dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a
los más débiles y que respete las diversas culturas”. La prioridad es la gente, el bien común, y no los intereses personales o de grupos, sean estos de una u otra ideología política.

4 Los ciudadanos agobiados por esta situación, cansados de no encontrar respuesta a sus
justos reclamos y sintiéndose engañados por las reiteradas promesas o propuestas sin
cumplimiento, ejercen hoy por doquier, de modo casi espontáneo y con una organización
local, su derecho constitucional a la protesta pacífica. Sin embargo, reciben como
respuesta de las autoridades la censura informativa, la represión de los organismos
policiales y militares y la persecución política por la vía judicial. Rechazamos este modo
de actuación por ser contrario a los principios democráticos consagrados por nuestra
legislación y como un ataque directo a la soberanía popular que tiene derecho a
expresarse. El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos
constitucionales.

5 Observamos con dolor cómo grupos de hermanos nuestros, vendiendo sus pocas
pertenencias, emprenden largas caminatas desde diversas regiones para salir del país. Más
que emigrar, huyen de un país que no les ofrece garantías de una vida digna. Además de
sufrir los rigores del clima y del cansancio, son sometidos al menosprecio de algunos de
sus conciudadanos. Empeora su situación el maltrato de las autoridades militares y
policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias y el
dinero que llevan. En vez de protegerlos, como lo juraron hacer ante Dios y la patria, los
vejan y los consideran como ciudadanos de segunda categoría. Estas son realidades que
claman al cielo.

6 La naturaleza del régimen gubernamental ha sido puesta en evidencia, una vez más, por el
informe del Comité de DDHH, y el reciente Informe del grupo de expertos de la Misión
Internacional Independiente de las Naciones Unidas y de los informes de la Unión
Europea. Todos estos informes sobre los derechos humanos, demoledores por realistas, se
han quedado cortos en referencia a la realidad que se vive en el país. Los DDHH no
pueden ser solo los de los políticos. La dignidad de las personas es ampliamente
irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes
de Lesa Humanidad. Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados,
y que las instituciones del Estado actúen, conforme a derecho, para que estos hechos
abominables no se produzcan de nuevo, rompiendo el “círculo infernal” de su carácter
sistemático. La llamada “ley antibloqueo”, aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional
Constituyente, es una expresión más de la voluntad del gobierno de conducir a nuestro
país por caminos distintos a la legalidad, y así, dilapidar los recursos nacionales que son
de todos, con el agravante, que ahora pretende hacerse de forma oculta y totalmente
discrecional.

7 El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la
solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla. Es
inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia,
carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las
reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral. Esto sin olvidar
que aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las del 2018 estuvieron
signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de
Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto. La voluntad mayoritaria del
pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales
con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con
acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales.

8 Como recientemente señaló el comunicado de la Presidencia de la CEV, no basta la
simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el
cambio político tan deseado. Por tal motivo, las diversas organizaciones civiles, las
universidades, los gremios, las academias, los empresarios y los trabajadores, las
comunidades de los pueblos originarios y los jóvenes deben hacer esfuerzos en conjunto
para restablecer los derechos democráticos de la nación. Para ello es necesario acompañar
la protesta pacífica, cívica y social que hoy se extiende en todo el país, establecer una ruta
clara para la transformación política, democrática y civil, y superar personalismos que
dañan la misión colectiva de lograr una Venezuela donde vuelva a imperar la justicia y la
paz.

9 Ante estas dificultades, invitamos de nuevo a los fieles católicos y a todos los creyentes a
elevar sus oraciones a Dios para que nos conceda lograr una solución pacífica a nuestros
problemas. Nuestro próximo Beato, el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, ejemplo de
santidad y civismo, nos señale la ruta para hacerla presente en el hoy de Venezuela.
Nuestra Señora de Coromoto siga haciendo con nosotros el camino para la conquista de la
convivencia democrática y el reencuentro de todos los venezolanos. Con nuestra
afectuosa bendición episcopal.

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